12 PUNTOS

para la transformación 
política, económica y social 
de la Comuna

 

1. Necesitamos un Estado municipal que reconozca y pretenda superar su hoy escasa credibilidad en tanto foco de identidad colectiva y que, por reconocerla y para superarla, promueva una deliberación pública, inclusiva, transparente y eficaz, que nos diga para qué tipo de sociedad se pretende que sea apto ese Estado. 

2. Esta deliberación pública no puede ser anterior a una gestión de gobierno que reconozca y revierta la hoy reducida eficacia de su estructura burocrática y la limitada efectividad de su sistema legal: debe ser simultánea, porque de otro modo estaríamos nuevamente postergando las necesidades y expectativas de la población, lo que redundaría en la inviabilidad de aquella deliberación y en la reproducción del Estado que pretendemos transformar. 

3. Sostenemos, en este marco, que es necesario impulsar:

 Una política de Responsabilidad y Rendición de Cuentas para todos los funcionarios del Estado, a través de nuevos mecanismos de control público sobre la legalidad, legitimidad y oportunidad de sus actos. 

 Una política de Derechos Sociales, que tenemos aún como asignatura pendiente, para garantizar la incorporación de todos los sectores sociales a un mínimo de bienestar material y cultural, de manera que estén en condiciones de ir definiendo y redefiniendo sus propias necesidades y expectativas.

 Una política de Renovación de la Estructura Burocrática de Gobierno que la racionalice en función de dos objetivos: su adaptación a esta iniciativa de reorganización política y la fusión o extirpación, según el caso, de áreas cuyas misiones y funciones se superponen entre sí porque han ido creándose a partir de la “necesidad política” de distintos gobiernos de “premiar” y “castigar” lealtades y deslealtades. 

 Una política de Salud Pública orientada a proteger la salud de la población antes de su deterioro, lo que no sólo supone atención primaria y jerarquización de sus profesionales, sino también autoridad política sobre el aire, el agua, las construcciones, el ambiente de trabajo, y sobre la organización de programas sociales y sanitarios de origen provincial y nacional, para erradicar el clientelismo.  

 Una política de Transporte y Tránsito que transforme el negocio privado del transporte (caro, inútil e incorregible) en un servicio público cuya eficacia y economía sea producto de una reingeniería del tránsito, que apunte a descomprimir de vehículos particulares el casco urbano, lo que redundará en una notoria caída de la contaminación aérea y sonora y de los indicadores de accidentología vial. 

 Una política de Medio Ambiente que articule el mantenimiento y la vigilancia de espacios verdes y arroyos, la planificación de nuevos espacios verdes en la periferia y la promoción de la sanidad arbórea, en tanto foco de oxigenación, medio de regulación térmica, dique de contención de lluvias y garantía de calidad del suelo. 

4. Esta transformación política del Estado no puede lograrse sin superar los límites del régimen democrático representativo: a este mecanismo de acceso al gobierno mediante elecciones periódicas, debemos sumarle dispositivos de intervención popular para la proposición, discusión, decisión y control de ejecución de cualquier política pública. 

5. Partimos de la premisa de que la vocación democrática de un gobierno puede medirse por la cantidad y calidad de asuntos públicos que somete a consideración de la ciudadanía o que permite ser instalados y resueltos por ella, porque si cualquier política pública condiciona, directa o indirectamente, nuestra calidad de vida individual y colectiva, entonces tenemos derecho a ejercer influencia en su proposición, discusión, decisión y control de ejecución. 

6. Contamos para materializar esta vocación con distintos mecanismos de democracia directa:

- Iniciativa Popular: Permite a uno o más electores presentar una propuesta (que una norma se apruebe, se enmiende, se complete o se derogue) para que sea considerada por el electorado en su conjunto, a través de un referéndum cuyo resultado será vinculante para el gobierno. 

- Revocatoria de Mandato: Permite a uno o más electores impulsar un llamado a votación para que el electorado en su conjunto considere la destitución de una autoridad elegida antes de que concluya su mandato. Este mecanismo podría aplicarse sólo después de los primeros seis meses de mandato y antes de los últimos seis meses de su finalización. 

- Consulta Popular: Obliga al gobierno a convocar a votación para ratificar o rechazar una decisión política tomada en sede legislativa o ejecutiva. También permite, si hay voluntad política del gobierno (y promovemos que así sea), la elección del Defensor Ciudadano y de los administradores de Centros Comunales. 
 
- Presupuesto Participativo: Permite a la ciudadanía proponer, discutir y decidir en qué obras y servicios públicos debe invertir el gobierno una parte o todo el gasto público. También puede permitir a la ciudadanía la proposición, discusión y decisión acerca de cómo y de quienes se recaudarán los recursos.

7. Esta expansión democrática permitirá la construcción de un Estado que materialice su pretensión indelegable de ser la instancia principal de protección, interpretación y realización de las necesidades y expectativas del pueblo, es decir, que adquiera credibilidad como foco de identidad colectiva. 
 

8. Estamos suponiendo y alentando una organización política a través de la cual el pueblo pueda elegir libremente cómo quiere vivir: en qué condiciones sociales, económicas, políticas, culturales. 
 

9. No sólo se trata de promover una justa y democrática distribución de poder contra un sistema injusto y autoritario de asignación de recursos políticos. También se trata de contraponer una justa y democrática distribución de la riqueza a un sistema injusto y autoritario de asignación de recursos económicos. 
 

10. Para ello, apelamos a una reorganización económica fundada en la Empresa Comunal Pública (ECP), autogestionada por sus trabajadores, con participación del Estado en materia de logística y financiamiento, y control popular de aquella autogestión y de esta logística y financiamiento. La ECP no es sólo una empresa, es un concepto: tenemos que constituir tantas como sean necesarias, para ocuparse de los trabajos por los que hoy las empresas privadas facturan millones, facturación inversamente proporcional a la eficiencia demostrada. 
  

11. El Estado municipal está en condiciones de reasignar, con este propósito, el presupuesto que hoy se destina a:

- Barrido y Recolección de Residuos: hoy nos cuesta $ 180.000 diarios, con los resultados que están a la vista (Desde 1997, se han transferido a la misma empresa privada más de 110 millones de dólares). 
  
- Reciclado y Disposición Final de Residuos: aquella tecnología es hoy posible de iniciar, y por este servicio pagamos hoy $ 12.500 diarios a una empresa estatal que contamina el aire, el suelo y el agua (Desde 1997, se han transferido a esta empresa más de 24 millones de dólares). 

- Infraestructura de Servicios: más de 600 millones de dólares se han transferido desde 1992 a empresas privadas para obras y servicios públicos de competencia municipal que no resolvieron nuestros problemas de infraestructura y que tampoco generaron pleno empleo ni condiciones dignas de trabajo. 

- Acción Social: hay que extirpar como actividad del Estado municipal el mantenimiento de comedores comunitarios, la alimentación del clientelismo político y el fomento de micro emprendimientos inútiles (que sólo reproducen una subsistencia miserable), y transformar esos comedores en centros de educación y trabajo, para eliminar su necesidad y reemplazarlos por pequeñas y medianas empresas comunales públicas y/o en fuentes de mano de obra calificada que pueda insertarse en el mercado laboral a crearse y reavivarse (Desde 1992, casi 35 millones de dólares se han destinado desde el presupuesto municipal a programas de acción social, sin que se advierta la eficacia de esa inversión). 

- Inversión Privada: focalizar una política de atracción hacia el sector industrial, para reavivar y crear el mercado laboral al que hacemos referencia en el punto anterior, que incluya un estricto programa de exigencias y control público, fundamentalmente sobre necesidades de desarrollo regional, condiciones dignas de trabajo e impacto ambiental.
 

12. Todos sabemos, o deberíamos saber, que ningún proceso político es necesario ni es inevitable, dado que todo proceso político es la expresión de relaciones de poder y no de dinámicas divinas o naturales. Todos sabemos, o deberíamos saber, que los discursos y los proyectos son letra muerta si no se encarnan en actores sociales que los hagan suyos y estén dispuestos a luchar por su predominio.